Historia de la CIT

En el departamento del Magdalena las adjudicaciones de tierras baldías se utilizaron como una política de Estado para impulsar la agricultura de exportación, lo que ayudó a consolidar el negocio del banano y la zona bananera del Magdalena. También se argumenta que los principales beneficiarios de la adjudicación de tierras fueron los terratenientes del Magdalena, en su mayoría conservadores, así como los militares veteranos de la Guerra de los Mil Días y algunos empresarios extranjeros. Una prueba de lo anterior fue la consolidación de la United Fruit Company – UFC y sus estrategias de integración como una forma de concentrar su poder monopólico y debilitar a la competencia hasta su absorción o desaparición. En este sentido, se estudian las alianzas y los conflictos que afrontó la UFC durante las tres primeras décadas del siglo XX. Un hecho notable fue que la compañía bananera entró a privilegiar a los terratenientes del departamento (“privilegios para los Privilegiados”) a través de varios mecanismos: créditos a bajos intereses, compra y venta de tierra y cargos administrativos en la Compañía. De otra parte, el documento analiza los diferentes intentos de organización gremial por parte de los medianos productores, con el fin de exportar la fruta directamente. Un argumento es que el inconformismo contra la UFC por parte de los pequeños y medianos productores de banano, los comerciantes, los políticos liberales y los obreros, desembocó en la huelga de las bananeras de 1928 y su desenlace trágico.

De la masacre de las bananeras nació la organización de los Arhuacos en estrecha relación con el movimiento campesino del Magdalena y varios líderes que escaparon de la matanza  y buscaron refugio en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Comienza así en la década de los 40 del siglo pasado la consolidación de las organizaciones políticas civiles tradicionales de toda la Sierra Nevada de Santa Marta, creándose en 1944 la Liga de Indígenas de la Sierra Nevada, y en 1963 el Comité Central de Donachuy y Atiquimaque, bajo el marco de la Ley 89 de 1890, teniendo como primera sede la región arhuaca de Nabusímake (ver Foto 2) para luego desplazarse, debido a la presencia de la misión religiosa capuchina, hacia la región Simunurwa.

Ya en el año 1974 se conforma el Consejo y Organización Indígena Arhuaca, COIA, remplazada en 1983 por la Confederación Indígena Tayrona, CIT que sigue funcionando hasta el presente. Hoy en día existe el Consejo Territorial de Cabildos, CTC, como una figura jurídica que reúne en casos puntuales y de interés general a las cuatro comunidades indígenas habitantes de la región. En este proceso de consolidación de autoridades civiles, han logrado que el gobierno legalice a través de varias resoluciones una parte de su territorio ancestral y sagrado donde existen sitios de celebración ubicados en la Línea Negra.

Son ejemplos de liderazgo arhuaco la creación del decreto 1142 de 19 de junio de 1978 que favorece la autonomía los indígenas en su Educación. Después, la Ley 115 de 1994, permitió a los arhuacos reforzar su sistema de educación desarrollando un currículo propio y un manual de convivencia que definen la razón de ser y el campo de acción de las instituciones escolares de la sierra. En la actualidad, bajo ese modelo de educación se encuentran 72 escuelas de primaria y 3 (tres) colegios agropecuarios. De la misma manera, la ley 100 de 1993 que reglamenta el sistema de salud, criticado por muchos sectores, representó una oportunidad para que los arhuacos lideraran en 1997 la creación de una EPS indígena denominada DUSAKAWI EPSI. Con la experiencia de este éxito crearon DUSAKAWI IPS en el año 2006, en 2005 WINTUKWA IPS Y GONAWINDUA IPS, estas dos últimas se encargan del pueblo arhuaco del Cesar y Magdalena respectivamente.

Así mismo, en los últimos 10 años las autoridades arhuacas han estrechado más la relación con el gobierno nacional en torno a la recuperación del territorio sagrado de las partes bajas de la Sierra, a partir de la cual nació en 2007, el proyecto de la Presidencia de la República denominado “El Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta” como estrategia para la generación de espacios de interlocución que permitan desarrollar y preservar las bases culturales de los pueblos indígenas, lograr la paz y proteger a la montaña costera como principal fábrica de agua. Pero, ante todo, este proyecto se ha convertido para los arhuacos en parte fundamental de sus políticas públicas, pues todo el enfoque se ha dirigido hacia los programas de generación de ingresos, mejoramiento de calidad vida, mejora de las condiciones de habitad de las familias que viven en las partes altas del páramo y en asentamientos superpoblados, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación. También se han implementado proyectos productivos que no solo buscan generar ingreso familiar sino, fortalecer los canales de abastecimiento que den bases para la seguridad alimentaria; en general, el trabajo de los últimos años se ha enfocado hacia el bienestar social del Pueblo Arhuaco

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